TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

"Derecho a la ciudad, desarrollo urbano sostenible y prevención de la exclusión residencial y de los guetos urbanos: derecho a la vivienda, seguridad urbana y cohesión social, económica y territorial"

INTRODUCCIÓN
Los cambios económicos (entre ellos el aumento continuo y exponencial del precio de la vivienda), sociales (así, el crecimiento del fenómeno de la segregación urbana y la exclusión residencial), territoriales (como los procesos en marcha de suburbanización y dispersión) y demográficos (por ejemplo, el espectacular aumento en los últimos años de la inmigración) asociados al proceso de globalización en marcha están modificando a marchas forzadas los espacios urbanos en España y planteando retos de primer orden a las Administraciones Públicas y al Derecho público que acompaña a su actuación.

La exclusión social se visualiza crecientemente en una segregación urbana preocupante, con efectos sobre la concentración de alumnos de origen inmigrante en ciertos centros educativos, relacionada además con ciertos fenómenos de rechazo (dando lugar al conocido síndrome NIMBY : acrónimo de la expresión inglesa Not In My Back Yard ) referidos a ciertas infraestructuras (caso evidente de algunos equipamientos religiosos o de vivienda social). Todo ello en conexión con una movilidad creciente y un uso del espacio cambiante y con un aumento del incivismo, la delincuencia, la sensación de inseguridad y la violencia urbana, fenómenos que pudieran conducir en el futuro a una fractura social, ya visible claramente, como es notorio, en otras sociedades de nuestro entorno, como la francesa o norteamericana.

El desarrollo sostenible urbano y la cohesión social y territorial en España sólo serán posibles mediante una intervención pública correctora de los fallos del mercado, guiada por un marco jurídico adecuado, integrado por reglas y principios propios del Derecho urbanístico, del Derecho Administrativo, del Derecho constitucional, del   Derecho Civil, por ejemplo, de acuerdo con las exigencias derivadas de un análisis urbanístico, social y económico riguroso.

Por ello, contar con análisis provenientes de diversas ciencias sociales que puedan orientar la elaboración y aplicación del Derecho (de acuerdo con la realidad social vigente, de conformidad con lo exigido por el art. 3.1 del vigente Código Civil) deviene fundamental para asegurar la efectividad de diversos derechos constitucionales implicados (por ejemplo, igualdad, arts. 9.2 y 14, vivienda y medio ambiente urbano, arts. 45 y 47, educación, art. 27 o libertad religiosa, art. 16, ejercida ésta en los lugares de culto emplazados en el territorio) y para evitar la segregación urbana, visualizada territorialmente en el caso extremo de la formación de guetos urbanos con un componente económico y étnico. Todo ello sin olvidar el papel de la planificación territorial y urbanística al respecto. Asimismo, es necesario investigar, desde el enfoque de la organización territorial, el papel de estructuras públicas de nivel supramunicipal (por ejemplo, áreas metropolitanas) en el aseguramiento de intereses supralocales asociados a la existencia de vivienda sometida a algún régimen de protección pública y de equipamientos distribuidos en el territorio de forma equilibrada.

Objetivos:
  1. Analizar los aspectos susceptibles de mejora en el sistema legal vigente en España, detectando las lagunas existentes con la ayuda de diversas ciencias sociales (como, por ejemplo, la Economía) y con la referencia de otros ordenamientos jurídicos comparados que se encuentran más avanzados en este campo.

  2. Proponer mejoras técnico-jurídicas del ordenamiento jurídico en vigor, articulando soluciones viables desde la perspectiva ofrecida por esas diversas ciencias sociales, de acuerdo con las experiencias ya existentes en otros países (EE.UU, Italia, Francia y Reino Unido, principalmente). Proponer soluciones jurídico-organizativas que permitan el adecuado desarrollo de políticas públicas urbanas que respondan a intereses supralocales.

ANTECEDENTES
El proyecto que ahora se presenta se enmarca en el trabajo realizado por este equipo en años anteriores. En el Proyecto de Investigación (I+D) del Programa sectorial de promoción general del conocimiento -Ministerio de Ciencia y Tecnología para el periodo 2004-2006-), con el título de Derecho Urbanístico y exclusión social: la lucha jurídica contra los guetos urbanos (ref: BJU2003-09694-C02-02) se pretendió abordar inicialmente y con una perspectiva limitada algunas cuestiones relativas a las relaciones entre una rama concreta del Derecho Administrativo, el urbanístico, y un sólo fenómeno, la exclusión social.

Del proyecto anterior puede destacarse:

A. Durante el año 2004 han tenido lugar dos jornadas de estudio sobre los temas que se trabajan al proyecto. El 21 de octubre se realizó en la Facultad de Derecho de la UB la Jornada sobre los nuevos desarrollos normativos en materia de vivienda y urbanismo, con la presencia entre otros de los profesores de Julio César Tejedor, de la Universidad de Zaragoza (entonces director general de vivienda en Aragón), José Mª Baño, de la Universidad de Valencia, Martín Mª Razquín de la Universidad de Navarra y Marcos Vaquer, de la Universidad Carlos III (entonces director general de urbanismo y política de suelo en el Ministerio de la Vivienda) y Domènec Sibina Tomas (UB). Las ponencias de estas jornadas se publicaron en los Cuadernos de Derecho Local, número 7.

En la Jornada se tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los más recientes desarrollos normativos en materia de vivienda y urbanismo llevados a cabo por diversas CCAA y de trabajar sobre las posibles futuras reformas normativas en Cataluña. La jornada fue organizada en colaboración con el Departamento de vivienda y   Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, que aportó también financiación.

Los días 16 y 17 de diciembre de 2004, en el Parc Científic de Barcelona se organizó la Jornada sobre Derecho y políticas públicas de urbanismo y vivienda, con una aproximación interdisciplinaria (Derecho y Economía principalmente) e internacional (con aportaciones norteamericanas y europeas). Intervinieron profesores de universidades extranjeras, como por ejemplo J.BALL, JP BROUANT, E. ZIEGLER, o P.URBANI, entre otros ,y los profesores J. PONCE, M. PAREJA y D. SIBINA de la universidad de Barcelona. Los idiomas de estas jornadas fueron el español y el inglés

Las ponencias de estas jornadas las ha publicado en la versión castellana la editorial Marcial Pons durante 2006, con el título Derecho urbanístivo, vivienda y cohesión social y territorial y la versión inglesa ha sido también publicada en 2006 por la Universidad de Denver ( The Rocky Mountain Land Use Institute ) en colaboración con la American Bar Association .

B. En octubre de 2005 se llevó a cabo una jornada sobre urbanismo y agricultura, donde se trabajaron temas relacionados con la perspectiva del desarrollo rural, teniendo en cuenta el marco normativo europeo y una comparación autonómica con especial atención al papel de la regulación del suelo no urbanizable. Intervinieron entre otros Martin Bassols Coma; T. Vadrí, M Camós, J. Eneriz y M. Orta. Están pendiente de publicación diversas ponencias de esta jornada.

C. En 2006 y 2007 se llevaron a cabo los jornadas. Una en marzo de 2006, los días 23 y 24, relativa a la libertad religiosa y el urbanismo, con conferencia inaugural del profesor Lorenzo Martín-Retortillo y participación de especialistas y profesores de diversas universidades españolas, europeas (Francia e Italia) y nortemericanas. Otra en marzo de 2007, coincidiendo con la presentación del libro colectivo antes mencionado que sirvió com conclusión al proyecto.

D. Diversos miembros del grupo ya han generado numerosos estudios en relación con el ámbito del proyecto en los pasados años, que pueden consultarse en sus respectivos currícula.

Precisamente, este proyecto ha permitido constatar que su aproximación, aunque interesante, es limitada (análisis sólo del Derecho urbanístico, en conexión con los derechos constitucionales de propiedad y vivienda y estudio en relación sólo con el único fenómeno de la exclusión social), por lo que es preciso cambiar el enfoque y abordar nuevas líneas de investigación:
- abriendolas a otras ramas del Derecho público conexas,
- a diversos derechos constitucionales interconectados (no sólo al de propiedad sino a los ya mencionados,   entendiendo además el derecho a la vivienda desde la perspectiva más moderna del derecho a la ciudad, al hábitat o medio ambiente urbano) y
- no sólo a la prevención de la exclusión social, sino, en positivo, a la promoción de la cohesión social y territorial.
- analizando en profundidad instituciones jurídicas com la del servicio público y estudiando la necesidad de adecuadas estructuras organizativas para el desarrollo de eficaces políticas públicas en relación con lo expuesto, especialmente en ámbitos supramunicipales.

En cuanto a los resultados previos, nos remitimos al historial del grupo, donde constan obras relevantes de miembros del equipo investigador, así como a los resultados del proyecto ya mencionado.

FINALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto tiene como finalidad analizar como el Derecho en general y específicamente el Derecho público, con especial atención al Derecho administrativo y urbanístico, pueden contribuir a la gobernanza de una sociedad globalizada y pluricultural, con especial énfasis en el estudio del marco jurídico de las políticas públicas urbanas (urbanismo, vivienda, transporte…). Se trata de estudiar desde el Derecho y con la ayuda de diversas ciencias sociales la territorialización de determinadas políticas públicas y su impacto en el respeto de diversos derechos constitucionales (derecho a la igualdad, derecho a la vivienda y a un medio ambiente urbano adecuado, libertad religiosa, educación…) y en el logro de la cohesión social, territorial y económica, objetivo contemplado a nivel constitucional tanto en España (por ejemplo, el art. 40 y las referencias a la solidaridad entre poderes públicos y entre ciudadanos contenidas en los arts. 2, 45, 138, 156 ó 158) como en la Unión Europea (por ejemplo, arts. I-3, I-14 c, III-220 y ss. o III-416 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa).

Esta perspectiva de los derechos constitucionales y especialmente del de igualdad ha de conducir al análisis del reparto competencial en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, con especial atención a ciertas competencias estatales (señaladamente, la derivada del artículo 149.1.1 de la Constitución, interpretada, entre otras, por la importante STC 61/1997, de 21 de marzo) con posible impacto indirecto en las políticas públicas urbanas y en el aseguramiento del desarrollo sostenible en sus tres vertientes social, económica y ambiental. Asimismo, también desde la perspectiva material del derecho a la igualdad, parece relevante el análisis de las diversas directivas comunitarias existentes al respecto, con incidencia en el ámbito de la vivienda y el urbanismo, cuya transposición se ha efectuado en la Ley estatal 62/2003, de 30 de diciembre, que, entre otras cuestiones, define y regula las denominadas acciones positivas, que pueden tener un papel relevante en relación con ciertas áreas urbanas y algunos colectivos vulnerables en su acceso al derecho a la ciudad, concepto jurídico ya incorporado en los más modernos textos legales (por ejemplo, art. 1 de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad).

En lo que se refiere específicamente al derecho a la vivienda, aparece como imprescindible la renovación del utillaje conceptual en torno al mismo, desde la perspectiva de su posible alegabilidad judicial, en la línea de diversas líneas jurisprudenciales de Derecho comparado, tomando en cuenta los últimos desarrollos jurisprudenciales de nuestros Tribunales Supremo y Constitucional. Y en conexión con este tema, es también de singular relevancia la posible consideración de la vivienda social como servicio público (entre otros, art. 50 de la Constitución española) o servicio de interés general, tal y como ya se está consolidando en la Unión Europea (así, por ejemplo, por citar sólo dos referencias recientes, téngase en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2004 relativa al Libro Verde sobre los Servicios de Interés General o la decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación del art. 86.2 del Tratado CE a las ayudas estatales por compensación en la prestación de servicios de interés económico general). Esta perspectiva de análisis   puede ser especialmente fructífera al conectar con una reflexión de carácter más general en relación con las mutaciones del Derecho Administrativo de nuestro tiempo y los fenómenos de liberalización, privatización y neo-regulación en curso.

Este enfoque, en definitiva, plantea cuál sea el papel del Estado y las instituciones públicas y sus distintos instrumentos de actuación en la economía   (no hay que olvidar el peso que tiene el mercado de la vivienda en la economía española) y la sociedad.

Asimismo, el planteamiento de la vivienda social como servicio público o servicio de interés general en relación   con los procesos de renovación urbana en barrios en dificultad ofrece una perspectiva de gran interés en conexión con desarrollos legislativos ya existentes en España (por ejemplo, Ley madrileña   7/2000, de 19 de junio, de rehabilitación de espacios arquitectónicos degradados y de inmuebles que deban ser objeto de preservación y, sobre todo, la Ley catalana 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial, que puede calificarse de una auténtica ley anti-gueto). La preocupación por la renovación urbana en áreas degradadas conduce también   directamente a la necesidad de reflexionar sobre su modo de financiación, tanto en el nivel europeo (donde el programa URBAN tiene ya una larga tradición: téngase en cuenta la Comunicación de la Comisión Europea de 2002 sobre la Programación de los Fondos Estructurales 2000-2006: evaluación inicial de la iniciativa Urban) como en el ámbito interno español en conexión con los Planes estatales de vivienda.

En esta línea de conexión de derechos constitucionales con el territorio, las relaciones entre la segregación urbana y la mezcla social (o su ausencia, con concentraciones de alumnos con similares condiciones sociales, económicas y/o étnicas) en las escuelas se perfila como otra de las finalidades de la investigación, conectando aquí la perspectiva urbanística y territorial con el derecho a la igualdad y con el derecho a la educación y el funcionamiento del correspondiente servicio público previsto en el art. 27 de la Constitución, siguiendo la estela aquí de estudios comparados ya existentes (téngase en cuenta, por ejemplo, el informe al Ministro de Educación Francés presentado por Jean Hébrard en Marzo de 2002 titulado La mixité sociale a l´école et au college )

Junto a los derechos ya citados, el estudio de la libertad religiosa (art. 16 de la Constitución) y de su impacto territorial en las sociedades pluriculturales y pluriconfesionales como la española también es una de las finalidades del proyecto de investigación, aspecto éste poco desarrollado en España, pero que ya ha dado lugar a diversa normativa específica en otros países (caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde está en vigor desde 2000 la Religious Land Use&Institunalized Persons Act ). El papel de la normativa urbanística y del planeamiento en el aseguramiento efectivo (o el impedimento ilegal) del ejercicio de la libertad religiosa y de la simultánea preservación del orden público, al que alude Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, presenta aspectos de singular calado jurídico y social, en los que es preciso profundizar (así, posibilidad de estándares legales referidos a lugares de culto, ya en vigor en otros países, distribución territorial de los mismos e incidencia sobre la cohesión social y territorial, posibilidades y límites del planeamiento urbanístico y territorial al respecto, intervención administrativa en materia de licencias y autorizaciones, entre otras cuestiones).

Debe notarse que un valor añadido de la investigación es el de conectar sistemáticamente aspectos y derechos hasta ahora analizados de forma independiente y sin consideración a su impacto territorial. En esta línea, otra finalidad del proyecto sería la de estudiar las relaciones entre el urbanismo y la convivencia ciudadana y la seguridad pública. Se trataría de trabajar sobre la garantía de la convivencia ciudadana y la prevención de la delincuencia y la sensación de inseguridad más allá de la mera protección física de las viviendas individuales, adentrándose en el concepto de medio ambiente urbano o hábitat, en conexión con el derecho a la ciudad. La importancia de este enfoque ha sido puesto de relieve en diversos estudios y documentos en otros países, pudiéndose destacar aquí el elaborado en el Reino Unido en 2004 por el Home Office bajo el título Safer Places. The Planning System and Crime Prevention .

Se trata de un enfoque también prácticamente virgen en España, donde se detecta tanto una falta de reflexión teórica como una ausencia de análisis sistemático de buenas prácticas que puedan existir.

Esta línea de estudio partiría del análisis de los fundamentos intelectuales de la llamada prevención de la delincuencia mediante el diseño ( Crime Prevention Through Environmental Design o CPTD ), de la teoría del espacio defendible y de la prevención situacional del delito. Pero no se limitaría a este análisis teórico, sino que estudiaría la implantación de medidas concretas y el despliegue de políticas públicas en este ámbito en otros países. En este sentido, el análisis comparado del marco normativo existente y de las políticas públicas desplegadas puede suponer un elemento importante para orientar futuras medidas a adoptar en España. Especialmente, parecería relevante el análisis de experiencias tales como las norteamericanas, inglesas o francesas, países que cuentan con regulaciones jurídicas específicas y un corpus relevante de reflexión al respecto. El análisis a desplegar tendría muy en cuenta los avances europeos en la investigación de procedimientos y conceptos homogéneos. Se tendría muy presente la estandarización impulsada desde el Comité Europeo de Normalización, dirigida a la elaboración de un estándar europeo sobre reducción de la delincuencia mediante la planificación urbanística y el diseño arquitectónico. En estos momentos, se encuentra ya elaborado un pre-estándar europeo de aplicación provisional hasta su posible conversión en un estándar definitivo. El estudio de este pre-estándar y del proceso en marcha también sería uno de los aspectos a considerar. Desde la experiencia que ofrece la perspectiva comparada y los procesos europeos de estandarización, la investigación enfocaría este conocimiento en el análisis de la situación española. Partiendo del marco constitucional y legal (teniendo muy presente el urbanístico), se analizarían las relaciones entre urbanismo, vivienda espacio público y seguridad ciudadana, en conexión con las previsiones legales referidas a la actividad administrativa de policía de seguridad (entre otros, art. 104 de la Constitución Española). Diversas cuestiones pueden ser objeto aquí de estudio: el papel del planeamiento urbanístico (evaluaciones de impacto criminal, regulaciones de usos urbanísticos y emplazamiento de ciertos equipamientos), función de los códigos técnicos de la edificación, posibilidades de las ordenanzas locales en la regulación de aspectos urbanísticos vinculados con la seguridad o el control del espacio público mediante circuitos cerrados de televisión, entre otros). De igual manera, y en conexión en lo que se acaba de señalar, esta línea de análisis consideraría el papel de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas en relación con estas cuestiones, dedicando especial atención a sus posibilidades y límites y a su relación con los delitos y faltas previstas en el Código Penal vigente.

En cuanto a la conexión de los aludidos derechos constitucionales con el fenómeno de la segregación urbana, es necesario el estudio de su impacto y de su relación con la existencia de discriminaciones y desequilibrios territoriales. El análisis del papel de la planificación territorial y del planeamiento urbanístico es fundamental en este punto, prestando especial atención a técnicas como, por ejemplo, las reservas legales obligatorias de vivienda sometida a algún régimen de protección pública, de creciente implantación en el ordenamiento jurídico español y ya existentes, con funcionalidad semejante, desde hace años en otros ordenamientos jurídicos comparados. Es el caso del norteamericano ( inclusionary zoning ), del francés (porcentajes obligatorios de vivienda social en determinados municipios en persecución del principio jurídico de mixité sociale , establecidos por reciente legislación), del italiano (con la regulación jurídica de los programas de Edilizia Residenziale Pubblica ) o del británico ( planning obligations , al amparo de la legislación urbanística inglesa). Sin duda el estudio comparado de estas y otras técnicas jurídicas de aseguramiento de vivienda asequible no segregada espacialmente puede ser del mayor interés para el caso español. De igual modo, las implicaciones prácticas concretas ya existentes derivadas de la aplicación de las mismas en nuestro país en los últimos años pueden suponer una evaluación interesante del funcionamiento de la legislación urbanística en la realidad y de su posible aplicación en el suelo urbano consolidado, ámbito de especial interés en espacios urbanos donde el suelo urbanizable disponible para nuevos desarrollos urbanísticos es escaso.

La investigación pretende, pues, estudiar el papel de la planificación como instrumento de intervención pública que permita detectar desequilibrios y discriminaciones e intentar corregirlas, con lo que se abordará, de hecho, una cuestión de calado más general, referida a los límites de la liberalización y la desregulación del suelo, en conexión, además, con el impacto medioambiental de determinadas decisiones en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

En esta línea, el papel de la competencia de ordenación del territorio y la aprobación de planes territoriales con implicaciones urbanísticas y de vivienda también se presenta relevante. En este punto, es necesario tomar en consideración la Estrategia Territorial Europea (ETE) aprobada en 1999, con su apuesta por el desarrollo territorial poli céntrico y equilibrado, el acceso equivalente a las infraestructuras y el conocimiento y la gestión prudente del patrimonio natural y cultural. En relación con el primer punto la ETE persigue, entre otros objetivos, evitar el crecimiento disperso de la urbanización y la segregación social, enfatizando la importancia de la mezcla de funciones urbanas y grupos sociales para evitar la exclusión y subrayando el papel de la vivienda asequible en la lucha contra la formación de guetos urbanos.

La ordenación del territorio y la planificación territorial se pretenden conectar en la investigación con la articulación entre el nivel local dotado de autonomía constitucionalmente reconocida (art. 140 de la Constitución) y niveles superiores, sean autonómicos o intermedios. Por ello, inevitablemente, el análisis de la planificación territorial, urbanística y de vivienda conecta con la cuestión más general de las relaciones entre niveles de poder y de las fórmulas de organización territorial más adecuadas para el logro de la cohesión territorial, sobre todo en el nivel metropolitano.

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- PUGLIESE, F. y FERRARI, E., Presente e futuro della pianificazione urbanistica, (Atti del secondo convegno nazionale, Napoli, 16-17 ottobre 1998), Giuffrè editore, Milano, 1999.
- SIBINA, D., “La rehabilitació: un repte per a l´urbanisme en el sól urbà consolidat per la urbanització (primera part)”, Quaderns de Dret Local, núm. 22, 1999. «Les polítiques i tècniques per facilitar la transformació sostenible del sòl urbà consolidat: examen general i la seva concreció en les ordenances municipals d'inspecció tècnica de les edificacions ».: Quaderns de Dret Local , núm. 6, 2004.
- SORIANO GARCÍA, J.E., Hacia la tercera desamortización (por la reforma de la Ley del Suelo), Marcial Pons, Madrid, 1995.
- SUEUR, J-P., Changer La Ville. Pour une nouvelle urbanité, Editions Odile Jacob, 1999.
- VADRÍ, M.T., « Les tècniques de cooperació intermunicipal i la seva reforma a França », en FONT, T., (Dir.), Les tècniques de cooperació intermunicipal i la seva reforma, Diputación de Barcelona, 2002.
- WACQUANT, “ Banlieus françaises et ghetto noir américain: de l´amalgame a la comparaison ” , French Politics and Society, Harvard, núm. 4, vol. 10, 1992.
- ZIEGLER, E., RATHKOPF'S THE LAW OF ZONING AND PLANNING (5 Vols.)(Principal Author for Revision)(4th Edition 1983-2005)(West Group, New York, N.Y.).

INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación   tiene especial interés teniendo en cuenta que alguna de las finalidades de la misma está todavía en una fase muy poco desarrollada en España, especialmente en el ámbito jurídico. En este sentido, por ejemplo, en una publicación del MINISTERIO DE FOMENTO, aparecida en el año 2000 bajo el sugestivo título de La desigualdad urbana en España . se señala que la desigualdad urbana y su reflejo en la existencia de barrios desfavorecidos es un tema de actualidad en el debate internacional y “un elemento político de máxima actualidad en el cambio de siglo”, al que las Declaraciones de las conferencias mundiales de las Naciones Unidas, la OCDE y la Unión Europea han prestado atención en los últimos años. A este respecto, y sin ánimo de exhaustividad, cabe citar en los años 90 la Agenda 21 de Río en 1992 (cumbre sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el Programa de Acción de Copenhague en 1995 (Cumbre sobre Desarrollo Social) y la Agenda Hábitat de Estambul en 1996 (Cumbre de las Ciudades), cuyo seguimiento ha dado lugar a la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio (2001). Todos estos documentos son consultables en http://habitat.aq.upm.es/. La OCDE ha publicado informes sobre Innovación social en el ámbito local (1995), Gestión urbana sostenibles (1996) e Integración de barrios desfavorecidos (1998). Por lo que se refiere a la Unión Europea, nos remitimos a las referencias normativas ya aludidas supra (punto 2) y lo que se dirá a continuación.

La cuestión de la exclusión social y, en su grado extremo, del peligro de fractura social tiene mucho que ver, evidentemente, con el comportamiento de las Administraciones Públicas y, por tanto, con el Derecho   que lo regula y puede contribuir a la cohesión social y territorial y al desarrollo sostenible urbano.

En el nivel europeo, diversos textos legales (empezando por el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, art. II-94,3) y numerosos documentos ponen de relieve la importancia del derecho a la vivienda y de las políticas urbanas en conexión con otros derechos y los servicios de interés general en la lucha contra la exclusión social y a favor de la cohesión social y territorial . A título de mero ejemplo, cabe destacar que en el encuentro informal de los ministros encargados de la política regional, que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre de 2005 en Bristol (Reino Unido), La Comisaria Danuta Hübner presentó un documento de trabajo titulado "La política de cohesión y las ciudades: contribución urbana al crecimiento y al empleo en las regiones". El documento establece una agenda para la promoción de un enfoque más integrado y más estratégico del desarrollo urbano, que pueda contribuir a un aumento de crecimiento, de empleos, de inclusión social y de calidad del medio ambiente. Las propuestas se inscriben en el marco de la reforma de la política de cohesión de la Comisión para el período 2007-2013. Se ha lanzado consulta pública sobre este documento en el momento de redactar estas líneas, la cual se cerrará el próximo 17 de febrero 2006. Se publicarán los resultados de esta consulta que servirán para la elaboración final en las Orientaciones estratégicas comunitarias de la política de cohesión, documento que establecerá el marco y las prioridades de los programas financiados por la Unión durante el período 2007-2013.

En el mismo sentido de la relevancia del tema y las finalidades perseguidas por el proyecto se han pronunciado, por ejemplo, diversos defensores del pueblo autonómico en varios informes presentados a sus respectivos parlamentos, como es el caso del defensor del Pueblo Andaluz o del Síndic de Greuges catalán, por ejemplo. Éste último, en su informe de 2003 señala por ejemplo que: “ Finalmente, tenemos que hacer una advertencia sobre la segregación espacial que existe en algunas ciudades mediante la concentración de grupos socialmente homogéneos en determinadas zonas de las ciudades que se convierten en foco de marginalidad y degradación. Las experiencias vividas por alguno de los países de nuestro entorno , en relación con la creación de auténticos guetos urbanos, tienen que servir de referencia en el momento de diseñar e implantar las políticas de vivienda con la finalidad de evitar el desarrollo de este fenómeno.(…) La distribución de acuerdo con criterios racionales en el territorio de los terrenos calificados por equipamientos destinados a cultos religiosos , también incidirá en una redistribución de grupos sociales y evitará la segregación espacial. Asimismo, mediante los instrumentos de intervención en el mercado del suelo de los cuales hemos hecho referencia al hablar de la insuficiencia de vivienda protegida, se ha de procurar evitar concentraciones sociales homogéneas ”.

De igual modo y por lo que se refiere a las cuestiones de seguridad urbana, el Dictamen del Comité de las Regiones de 18 de noviembre de 1999 sobre "La delincuencia y la seguridad en las ciudades" señala que "tanto en las nuevas construcciones como en la renovación de zonas deterioradas de la ciudad es necesario tener en cuenta desde la fase de su concepción los aspectos de prevención de la violencia. Esto se puede realizar mediante una estrecha colaboración entre las autoridades responsables en materias urbanísticas, los propietarios de los bienes inmuebles y las autoridades encargadas de la seguridad de la comunidad".

En España, sin embargo, se ha “podido comprobar la carencia de iniciativas (estudios, redes, observatorios, etc.) que analicen las situaciones de desfavorecimiento y sus tendencias, hagan un seguimiento de las actuaciones y de sus resultados, reflexionen sobre las políticas necesarias y divulguen ampliamente las experiencias positivas y las prácticas inadecuadas ”, por lo que es necesario “situar a nuestro país en el debate europeo sobre cuestiones urbanas” (Presentación y páginas 3 y siguientes de la publicación del MINISTERIO DE FOMENTO).

Por ello se considera que el proyecto puede contribuir a cubrir tales necesidades, contribuyendo a situar a España en el concierto de naciones donde este tema ocupa un lugar preeminente en la literatura científica de diversas especialidades, incluida la jurídica. En este sentido, el análisis de la legislación vigente, de sus lagunas y de su aplicación jurisprudencial, juntamente con el estudio de otros ordenamientos más avanzados puede dar lugar al avance del conocimiento científico-jurídico, generando propuestas normativas y de desarrollo de políticas públicas concretas, con posibilidades de transferencia en el corto-medio plazo mediante reformas normativas, organizativas o de prácticas administrativas.

El proyecto se adecua perfectamente a las prioridades del   Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. Efectivamente, por un lado, supone un intento de contribución a la mejora de la calidad de la investigación en relación con problemas muy relevantes para la sociedad, desde una perspectiva internacional (investigadores de 7 universidades diferentes, de 5 países distintos, de Europa y América) e interdisciplinaria (diversas ciencias y dentro del Derecho, distintas ramas de Derecho privado y público). De la relevancia de los problemas que se pretenden analizar no hay duda, a tenor de las referencias dadas, a las que cabe añadir en, perspectiva comparada, el lacónico diagnóstico incorporado en un informe solicitado por el Gobierno francés en los años 90 y elaborado bajo la dirección del señor SUEUR (antiguo alcalde y alto cargo de la Administración francesa), en el que se señala que el futuro de la sociedad francesa se juega en una serie de barrios que “van mal” (informe consultable en:

Por otro lado pretende incorporar metodologías y enfoques novedosos, aspiración favorecida en parte por la juventud de diversos miembros del equipo.

El equipo

El equipo se haya constituido por solventes investigadores de distintas ciencias y, por lo que se refiere al Derecho, diversas ramas jurídicas, que han tenido ocasión de investigar y publicar conjuntamente con anterioridad. Un breve análisis de los mismos (con necesaria remisión a sus currículos y a la lista de bibliografía seleccionada del punto 2) permite observar con nitidez la capacidad para llevar a cabo el nuevo proyecto y la adecuación y capacidad del equipo en el tema, lo que garantiza la plena viabilidad de la actividad propuesta.

El Dr. Ponce ha impulsado previas líneas de investigación, conjuntamente con otros miembros del equipo, sobre el Derecho urbanístico y la exclusión social. Esta línea ha cuajado hasta el momento, con la realización de diversos estudios específicos y novedosos que han contado con el interés y apoyo de diversas Administraciones Públicas, algunos de los cuales ha dado lugar a la publicación de diversos artículos y monografías y han recibido distintos premios, uno de ellos del Instituto Nacional de Administración Pública, como consta en su currículum. Es además miembro del European Group of Public Law y del European Network for Housing Research .

El Dr. Tomàs Font es sobradamente conocido por sus aportaciones relativas a la distribución territorial del poder y al papel de los Gobiernos locales en nuestro Estado descentralizado. Entre sus numerosas obras, sólo queremos destacar aquí y ahora el Anuario del Gobierno Local , publicación anual, que cuenta con contribuciones de los más relevantes especialistas.

La Dra. Teresa Vadrí es una especialista, entre otros aspectos, en materia de planificación administrativa, con relevantes contribuciones en relación con la ordenación del territorio, el medio ambiente y la organización territorial.

-El Dr. Álex Seglers es profesor de Derecho eclesiástico y autor de diversas obras sobre el derecho a la libertad religiosa en España, con elementos comparados e incorporación de una perspectiva territorial, pues se ha ocupado de forma pionera de la ubicación de lugares de culto (especialmente mezquitas) y de los problemas sociales y jurídicos que existen al respecto.

-La Dra. Chantal Moll de Alba es especialista en Derecho civil y autora de diversos trabajos en el ámbito del Derecho de la construcción e inmobiliario, con lo que aporta el necesario complemento iusprivatista en el estudio del impacto de las actuaciones públicas en los derechos y obligaciones de los ciudadanos y del funcionamiento del mercado.

- El profesor Domènec Sibina es un reconocido especialista en cuestiones locales y urbanísticas. Ha sido el impulsor de la revista Quaderns de Dret Local , que ahora ha sido reconvertida, debido a su éxito, en una revista de alcance nacional, aparecida con el nombre de Cuadernos de Derecho Local , publicada por la Fundación Democracia y Gobierno Local . Es autor de diversas monografías y artículos ocupándose de los temas aquí planteados.

- La Economista Dra. Montserrat Pareja participa en diversos proyectos de ámbito europeo sobre vivienda. Es miembro directivo de la European Network for Housing Research .   Asimismo, por ejemplo, ha publicado en la revista Urban Studies varios trabajos sobre el precio de la vivienda en España y la estructura económica del sector. Ha presentado, conjuntamente con el Dr. Ponce una ponencia titulada “Il Governo del Territorio e la Coesione Sociale” en el Congreso de la Asociación Nacional de Derecho Urbanístico Italiano, celebrado en Pescara los días 29 y 30 de noviembre de 2002, objeto de publicación, como consta en su CV y ha publicado también en colaboración con el Dr. Ponce y con una especialista en antropología una monografía sobre urbanismo y vivienda y desarrollo sostenible, citada en la bibliografía referida en el punto 2.

- El profesor de Derecho Dr. Brouant es un especialista en el ámbito del Derecho público francés y del urbanístico en particular y específicamente en el análisis del importante principio jurídico de mixité sociale , el cual se halla recogido en diversos textos legales, en conexión con concretas técnicas jurídicas (reservas para vivienda social, adjudicación de la misma, etc). Asimismo impulsa estudios en el ámbito del urbanismo y la seguridad pública y la libertad religiosa y ha tenido ya relaciones profesionales con diversos miembros del equipo. Es miembro además del GRIDAUH, potente grupo de interés público de investigación creado por decisión de diversos Ministerios franceses, el cual agrupa a diversas instituciones (Administraciones públicas, Universidades, Corporaciones de Derecho Público…). Puede consultarse toda la información sobre este centro en su página web, incorporada más adelante.

- Los profesores norteamericanos Mandelker y Ziegler, son, posiblemente, dos de los más relevantes especialistas en Derecho urbanístico, Derecho local y Derecho estatal (el equivalente salvando las distancias a nuestro derecho autonómico) en los EE.UU. Como se desprende de sus impresionantes curricula, ambos han realizado ya aportaciones muy relevantes sobre las relaciones entre Derecho urbanístico y cohesión social, con estudios referidos al papel del Derecho en la existencia de los conocidos guetos de minorías étnicas (negros, hispanos, asiáticos…) en su país. Además, ambos han colaborado ya con el Dr. Ponce, con visitas a España y participación en jornadas y conferencias.

El profesor Ponce se ha encargado de la t traducción del artículo del profesor ZIEGLER, titulado "Belleza visual, estética y diseño en el Derecho urbanístico de los Estados Unidos", publicado en la Revista de Derecho urbanístico, número 167, enero-febrero, 1999, páginas 81 a 97. Asimismo, el profesor Ponce se ha encargado de la revisión de la traducción y anotación del estudio del profesor ZIEGLER titulado “ Gobierno local, diseminación urbana y desarrollo sostenible en los Estados Unidos: lecciones sobre gestión del crecimiento para el nuevo milenio ” , en FONT LLOVET, T., (Dir.), Anuario del Gobierno Local 2001 , Marcial Pons-IDP-Diputación de Barcelona, 2001.

También el profesor Ponce ha traducido y anotado   el estudio del profesor MANDELKER titulado   “Derecho urbanístico y ordenación urbanística excluyente en los Estados Unidos de América” , en FONT LLOVET, T., (Dir.), Anuario del Gobierno Local 2002 , Marcial Pons-IDP-Diputación de Barcelona, 2003, resultado de una conferencia en la sede del Institut de Dret Públic en julio del año 2001 sobre “Los retos del urbanismo hoy: de la liberalización del suelo a la segregación urbana” y otra en la Facultad de Derecho sobre “El Gobierno local en los EE.UU”.

- La profesora inglesa Jane Ball es también una reconocida experta en el derecho de la vivienda, como se deriva de su completo currículo y miembro también del European Network for Housing Research , con una dilatada experiencia en la realización de estudios de Derecho comparado. Ha colaborado también previamente con algunos de los miembros del grupo investigador.

-En cuanto a los miembros italianos, los profesores Chivitarese y Rocella, forman un sólido equipo, todos ellos miembros de la asociación italiana de Derecho urbanístico y con relaciones investigadoras previas con otros miembros del equipo. Como puede apreciarse en sus curricula, han realizado ya aportaciones relevantes sobre las materias que aquí se quieren estudiar, incluyendo urbanismo, vivienda y sus relaciones con la libertad religiosa.

A continuación, transcribimos las páginas web personales de algunos miembros del equipo o de instituciones donde los mismos tienen un papel relevante:

Debe añadirse, para finalizar, el interés del tema ha conducido a que otros colegas españoles, europeos y norteamericanos tengan interés en participar en el equipo, lo que harán flexiblemente a lo largo de la vida del mismo, en la condición de colaboradores del grupo de investigación.